Procurador Alejandro Ordóñez publica las 45 preguntas sobre el proceso de paz que no han sido respondidas por el presidente de la República

  • Ante las nuevas declaraciones del
    presidente Juan Manuel Santos Calderón, en las que califica como
    “ataques mentirosos al proceso de paz” las inquietudes planteadas por la
    Procuraduría, el jefe del Ministerio Público da a conocer a la opinión
    pública las preguntas presentadas al jefe de Estado el pasado 13 de
    marzo.    
  • ¿Qué garantías exigirá el Gobierno
    Nacional para impedir el proselitismo armado de las FARC para las
    elecciones de octubre de 2015? ¿Se compromete el Gobierno a que existan
    penas de cárcel efectivas para los crímenes de lesa humanidad, crímenes
    de guerra, genocidio y graves violaciones a los Derechos Humanos?
    ¿Considera el Gobierno que los responsables de esos crímenes atroces
    pueden ser sancionados solo con trabajo social y pedidas de excusas
    públicas?, algunas de las inquietudes planteadas en el documento.
  • Preocupado por el silencio del señor presidente de la República,
    Juan Manuel Santos Calderón, ante reiteradas inquietudes institucionales
    formuladas frente al desarrollo de los diálogos de paz, y nuevamente
    sorprendido por señalamientos del jefe de Estado a través de los medios
    de comunicación, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez
    Maldonado, se permite señalar que:
 

1. En octubre de 2014 y ante hechos conocidos por la opinión pública, el jefe del Ministerio Público pidió al Gobierno Nacional explicar
al país el estatus jurídico del cabecilla de la organización terrorista
FARC Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, quien presuntamente
fue conducido a La Habana (Cuba) y protegido por el Estado colombiano
pese a tener vigentes órdenes de captura y reiteradas decisiones
judiciales ejecutoriadas. Ni el señor presidente de la República ni
funcionario alguno del Gobierno Nacional ofrecieron precisiones al
respecto. Solo el doctor Santos Calderón, en su momento, calificó de
“improcedentes” las inquietudes del Ministerio Público, pero no
respondió de forma clara y precisa los interrogantes.
2. Han pasado 15 días hábiles desde la reunión sostenida por el
procurador general con el señor presidente de la República en la Casa de
Nariño (13 de marzo). En dicho encuentro, el jefe del Ministerio
Público entregó al jefe de Estado un documento con 45 inquietudes
planteadas desde la Procuraduría frente al proceso de paz. El primer
mandatario de los colombianos no ha dado respuesta a los interrogantes y
sin embargo, en entrevista radial el día de ayer, calificó nuevamente
como “ataques mentirosos al proceso de paz” las labores y preguntas del
procurador y de la Procuraduría General de la Nación.     
3. Hasta hoy, el procurador Alejandro Ordóñez atendió la solicitud
que en dicha reunión le hizo el Gobierno Nacional de no dar a conocer a
la opinión pública las 45 inquietudes institucionales frente al proceso
de paz.
Frente a lo anterior y reiterando la invitación al presidente de la
República a resolver las cuestiones que generan duda, incertidumbre,
confusión o perplejidad en la opinión pública; así como la obligación
constitucional y legal del jefe de Estado a responder como cualquier
otro servidor público, el procurador Alejandro Ordóñez socializa con los
colombianos los 45 interrogantes:
I. FRENTE A LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS
1. ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que las FARC esclarezcan
la suerte de los al menos 2.760 desparecidos, presuntamente de su
responsabilidad, como requisito para acceder a las penas y sanciones
alternativas propias de la justicia transicional?
2. ¿Exigirá el Gobierno Nacional a las FARC para la firma del Acuerdo que reconozcan su calidad de organización victimaria?
3. ¿Se compromete el Gobierno  Nacional a que en el Acuerdo con las
FARC ese grupo se obligue a entregar toda la riqueza ilícita acumulada
por décadas para reparar a las víctimas, incluidos los fondos e
inversiones en el extranjero?
4. ¿Garantizará el Gobierno Nacional que en el Acuerdo las FARC se
obligarán a entregar las miles de hectáreas que han acumulado? La
Superintendencia de Notariado y Registro encontró que un solo predio de
las FARC tiene 290.000 hectáreas. ¿Cómo se asegurará que la distribución
de esas tierras no se haga a los miembros de las FARC? ¿O admite el
Gobierno que tales tierras se entregarían a desmovilizados y a sus
familias?
5. ¿Cómo asegurará el Gobierno Nacional que las comisiones que se
vienen creando en la mesa de conversaciones sean imparciales,
equilibradas y sin sesgos ideológicos? ¿Se compromete el Gobierno a que
las próximas comisiones, si se crean, como el caso de la llamada
Comisión de Esclarecimiento solicitada por las FARC, tendrá una
composición genuinamente plural para que sus aportes sean legítimos?
6. ¿Acepta el Gobierno Nacional la conclusión de las FARC de que la
responsabilidad del conflicto es del Estado, conforme a los informes de
los “expertos” de la Comisión Histórica del Conflicto y de sus
Víctimas?
7. ¿Para el Gobierno Nacional el informe de la Comisión de
Histórica del Conflicto y sus Víctimas debe servir para ilustrar o
determinar el trabajo que en el futuro haga la Comisión de la Verdad,
que se establezca a través de una ley estatutaria?
8. ¿Se compromete el Gobierno Nacional a que con el fin de firmar
un Acuerdo con las FARC no se negocie un “relato” compartido que defina
la “naturaleza del conflicto”, las causas y responsabilidades en el
mismo, con pretensiones de verdad, en detrimento de la verdad real, la
judicial y la de las víctimas? ¿Está de acuerdo el Gobierno con la
narrativa que apunta a que en el país todos somos culpables de la
violencia y las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto
armado?
9. Frente a las garantías de no repetición. ¿Para el Gobierno
Nacional “dejación de armas” significa  “desarme total” o qué contenido
le da a esa expresión? ¿Qué significado le da a la expresión “silenciar
los fusiles” que han utilizado simultáneamente voceros gubernamentales y
miembros de las FARC en La Habana? 
10. ¿Admitirá el Gobierno Nacional que el desarme sea un “proceso”
largo o considera que debe ser inmediato a la firma del Acuerdo con las
FARC y previo a la refrendación del mismo?
11. Respecto a la desmovilización de las FARC. ¿El Gobierno
Nacional incluye las estructuras de milicias o las llamadas redes de
apoyo al terrorismo, los integrantes del PC3, los miembros del
movimiento bolivariano por una nueva Colombia, las estructuras de
trabajo de masas y el entramado construido por la organización en el
marco de la combinación de todas las formas de lucha? ¿O sólo los
encuadrillados en guerrillas?
12. ¿El Gobierno admitirá que la desmovilización sea un “proceso”
largo o considera que debe ser inmediata a la firma del Acuerdo con las
FARC y previa a la refrendación del mismo?
13. ¿Para el Gobierno Nacional “desmovilizar” y “dejación de armas”
es desarticulación de las FARC como aparato armado y violento? ¿O, como
lo señaló Jesús Santrich, se avalará que después de la firma de un
Acuerdo las FARC mantengan la “cohesión en el ámbito territorial y
social”, esto es, que no se desarticulen?
14. ¿Cómo hará el gobierno para evitar que la suspensión de los
bombardeos contra las FARC termine por beneficiar al ELN y a las Bacrim.
En ciertas zonas del territorio nacional tales grupos actúan
coordinadamente y en algunos casos desarrollan actividades criminales
concretas de forma conjunta.
15. ¿Cuándo las FARC se muevan con miembros del ELN o de Bacrim
estos últimos tendrán blindaje ante los bombardeos y se beneficiarán con
la orden dada por el presidente? ¿O en esos casos la Fuerza Pública
podrá bombardearlos?
 16. ¿Por qué el Gobierno Nacional exige en rueda de prensa
únicamente al ELN y las Bacrim que no sigan instalando minas, pero no
hace lo mismo con las FARC? El Acuerdo sobre desminado suscrito con ese
grupo no lo compromete a que de forma absoluta, en todo el territorio
nacional, no siga instalando minas antipersonales, ni empleando
artefactos explosivos improvisados.
17. ¿Por qué en el reciente Acuerdo no se compromete a que miembros
de las FARC sean quienes directamente hagan el desminado, bajo el
monitoreo de las Fuerzas Militares? ¿Por qué se prefirió exponer a los
soldados en esa tarea?
II. FRENTE AL ESTADO DE DERECHO Y LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO
18. El Gobierno Nacional ha señalado que el proceso de paz se
adelanta en el marco del ordenamiento jurídico. ¿Va a acatar el gobierno
las sentencias de la Corte Constitucional que fijan límites al marco
jurídico para la paz o cree que éstos se deben o pueden negociar con las
FARC?
19. En particular, ¿respetará el Gobierno Nacional el límite
impuesto por la Corte Constitucional al prohibir que se suspenda
totalmente la ejecución de la pena respecto a máximos responsables de
crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio?
20. ¿Respetará el Gobierno Nacional los límites fijados por la
Corte Constitucional frente a la conexidad con el delito político? ¿Cree
el Gobierno que los delitos atroces, las graves violaciones a los
derechos humanos, el secuestro, la desaparición y los crímenes de guerra
son conexos con la rebelión? ¿O la propuesta del Gobierno de
“rediscutir” las sentencias busca remover esos límites?
21. ¿Considera el Gobierno Nacional que las conductas vinculadas
con el narcotráfico y el lavado de activos pueden ser delitos conexos
con el delito político?
22. ¿ Está de acuerdo el Gobierno Nacional en que al calificar las
conductas relacionadas con el narcotráfico, cuando sean realizadas por
las FARC, como delitos conexos con la rebelión se aplicaría la
prohibición de extradición por delitos políticos, consagrada en el
artículo 35 de la Constitución?
23. ¿Respeta el Gobierno Nacional los criterios expresados por la
fiscal ante la Corte Penal Internacional frente a la necesidad de que
exista proporcionalidad entre la gravedad del crimen cometido y la pena a
cumplir?
24. Específicamente, ¿se compromete el Gobierno a que existan penas
de cárcel efectivas para los crímenes de lesa humanidad, crímenes de
guerra, genocidio y graves violaciones a los derechos humanos? ¿O
considera el Gobierno que los responsables de esos crímenes atroces
pueden ser sancionados solo con trabajo social y pedidas de excusas
públicas?
25. ¿Habrá pena de cárcel efectiva para alias ‘El Paisa’ por el
atentado terrorista contra el Club El Nogal? ¿Habrá pena de cárcel
efectiva para alias Pablo Catatumbo por la masacre de los 11 diputados
del Valle del Cauca? ¿Habrá pena de cárcel efectiva para los integrantes
del Secretariado de las FARC por el asesinato de 119 personas en
Bojayá, para no hablar de los al menos 2.760 desaparecidos por ese
grupo, el reclutamiento de miles de niños  y la práctica de aborto
forzado en sus filas?
26. ¿Finalmente, acogerá el Gobierno Nacional la recomendación de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de que
las leyes estatutarias que desarrollen el Marco Jurídico para la Paz se
adecuen a las obligaciones internacionales del Estado colombiano, entre
ellas a que se investiguen y sancionen efectivamente las graves
violaciones a los Derechos Humanos, independiente de que estas tengan la
connotación de crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio?
27. ¿Exigirá el Gobierno Nacional para firmar un Acuerdo que las
FARC entreguen rutas e información sobre sus socios, dentro y fuera del
país, en el negocio ilícito de tráfico de cocaína?
28. ¿Está dispuesto el Gobierno Nacional a acordar con las FARC
mecanismos que pretendan blindarlos ante las solicitudes de extradición a
los Estados Unidos que están vigentes y las solicitudes futuras?
¿Cuáles son esos mecanismos, en concepto del Gobierno?
III. FRENTE A ASPECTOS INSTITUCIONALES
29. ¿Cómo desmontará el Gobierno los mecanismos de control social y
territorial que mantienen las FARC en algunas regiones, distintos a la
presencia armada?
30. ¿Cómo se asegurará de que, en virtud del principio de
“participación ciudadana”, que aparece en los Acuerdos, las
organizaciones comunitarias creadas por las FARC como mecanismos de
control social, político y territorial no se conviertan en los aparatos
que ejecuten los programas gubernamentales en esas zonas, entre ellos
los relacionados con la tierra? ¿O el Gobierno está de acuerdo en que
así suceda?
31. ¿Cómo se va a garantizar el derecho de los ciudadanos que viven
en territorios que coincidan con las circunscripciones transitorias de
paz a escoger libremente partidos políticos o a ser candidatos en esas
circunscripciones? ¿Cómo se evitará que los aparatos creados por las
FARC en esos territorios se apropien de esas circunscripciones?
32. ¿El modelo de seguridad o los acuerdos en materia de seguridad
que se adopten con las FARC incluyen legalizar “Guardias Campesinas”
como la de El Catatumbo, bajo la figura de “policía rural” o cualquier
otra figura jurídica?
33. ¿Cuál es la posición del Gobierno Nacional con relación a que
miembros desmovilizados de las FARC hagan parte de organismos
responsables de la seguridad en los territorios más afectados por el
conflicto armado y donde precisamente ese grupo ha tenido presencia?
34. En concepto del Gobierno Nacional, ¿una vez firmado el Acuerdo
con las FARC el Ejército Nacional se dedicará exclusivamente al cuidado
de las fronteras?
35. ¿Considera el Gobierno Nacional que el trato diferenciado que
conforme al Marco Jurídico para la Paz se dará a los miembros de la
fuerza pública debe ser más, igual o menos severo en materia de penas
que el que se aplique a los integrantes de las FARC? ¿Cuándo los
homicidios en persona protegida fueron ejecutados por miembros de las
FARC estarían comprendidos en el ámbito de la justicia transicional que
se les aplicará?
36. ¿Qué garantías considera el Gobierno Nacional se deben otorgar a
los miembros de la fuerza pública injustamente procesados penalmente
por delitos que no han cometido y que no cabrían en el marco de justicia
transicional, que exige aceptar la comisión precisamente de esos
delitos? ¿Se les aplicaría el Código Penal ordinario mientras a quienes
sí han perpetrado crímenes atroces se les otorgarían penas alternativas?
37. ¿El Gobierno Nacional considera que los homicidios en persona
protegida, conocidos periodísticamente como “falsos positivos”
perpetrados por integrantes de la fuerza pública deben hacer parte de la
justicia transicional?
38. Las FARC condicionaron lo que denominan cese unilateral de
hostilidades a no ser atacados por la fuerza pública. El Gobierno
Nacional ha dicho que las FARC están cumpliendo ese cese. ¿Se mantienen
al mismo ritmo las operaciones militares y los operativos de policía en
contra de estructuras de las FARC o disminuyó su intensidad?
39. ¿Sostendrá el Gobierno Nacional su decisión inicial de acceder a
un cese bilateral únicamente como consecuencia de la firma de un
Acuerdo de Terminación del Conflicto? ¿O considera que antes se podría
hacer un cese bilateral? En ese caso, ¿qué garantías considera el
Gobierno deben existir para evitar que se trata de una maniobra de las
FARC en procura de su fortalecimiento militar?
40. Sobre refrendación. ¿El Gobierno Nacional está comprometido con
que sean los ciudadanos, mediante voto directo, quienes participen en
el mecanismo de refrendación de los Acuerdos con las FARC o considera
que no es necesario?
41. ¿Para aplicar el mecanismo de refrendación el Gobierno Nacional
exigirá la previa desmovilización total y el desarme absoluto o
considera que se puede llevar a cabo con las FARC armadas y sin
desmovilizarse?
42. ¿Respetará el Gobierno la sentencia de la Corte Constitucional
que ordena que el referendo sólo podrá ser aplicado en caso de que haya
dejación de armas y desmovilización, en las condiciones señaladas en el
Marco Jurídico para la Paz?
43. ¿Mantendrá el Gobierno Nacional la decisión de adelantar
conversaciones indefinidas con las FARC para firmar un Acuerdo? ¿O
considera que debe haber una fecha límite?
44. ¿Qué garantías exigirá el Gobierno Nacional para impedir el
proselitismo armado de las FARC para las elecciones de octubre de 2015?
45. ¿Por qué el Gobierno Nacional insiste en dividir artificialmente a la sociedad colombiana entre amigos y enemigos de la paz?
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